Descontento en la industria aseguradora española por las restricciones a las comisiones en seguros de vida propuestas por Bruselas

Adecose, Amaef, Consejo General y Unespa han presentado una posición común en respuesta a las modificaciones planteadas por la Comisión Europea a la Directiva de Distribución de Seguros y al Reglamento sobre productos minoristas de inversión basados en seguros (Reglamento PRIIP). Estas modificaciones forman parte de la Estrategia de Inversión Minorista (RIS) de la UE y afectan especialmente a los productos de inversión basados en seguros (IBIP), que a finales de 2022 contaban con más de 136.000 millones de euros en patrimonio gestionado en España y casi 6.250.000 asegurados.

La industria aseguradora comparte el objetivo principal de la estrategia de aumentar la participación y la confianza de los consumidores en los mercados financieros. Sin embargo, expresan su preocupación por algunas de las restricciones propuestas que consideran desproporcionadas y que podrían tener efectos no deseados.

Entre las áreas de preocupación se encuentran:

Incentivos y actuación en el «mejor interés del cliente»

La propuesta impone restricciones significativas al cobro de incentivos, lo que podría tener efectos negativos en la labor de los mediadores de seguros, como agentes y corredores, que proporcionan información y asesoramiento a los ciudadanos. Consideran que la retribución basada en incentivos es legítima y que los consumidores deberían poder elegir entre este modelo y el pago explícito por los servicios de asesoramiento.

Aportación de valor

La propuesta se centra excesivamente en los costos en lugar de considerar otras características importantes de los productos. Esto podría llevar a priorizar el producto más barato sobre otros que podrían ser más adecuados para las necesidades y preferencias del cliente.

Requisitos de información en distribución

La propuesta introduce requisitos adicionales en el proceso de distribución de los productos de inversión basados en seguros, lo que podría aumentar la complejidad y las cargas para los distribuidores. Aunque se valora la mejora de la transparencia, se argumenta que la propuesta es demasiado prescriptiva y podría abrumar a los clientes con información innecesaria.

Ámbito de aplicación de PRIIP

La propuesta reconoce explícitamente la exclusión de las rentas vitalicias inmediatas del ámbito de aplicación del Reglamento PRIIP. Sin embargo, la redacción utilizada plantea dudas de interpretación y se sugiere que se aclare.

Desarrollos normativos

La propuesta propone normas de desarrollo a través de actos delegados por parte de la Comisión Europea, lo que dificulta evaluar el impacto global de la propuesta. Se sugiere que muchas de estas cuestiones se definan en la directiva misma y que se otorgue flexibilidad a los Estados miembros.

Plazos de implementación

Se señala que los cambios propuestos requerirán cambios considerables en diversos aspectos y que los plazos de transposición y aplicación deberían ser más amplios. Además, se destaca la necesidad de una revisión más completa que se realice en un período de tiempo más largo.

La industria aseguradora española, si bien apoya la mejora de la transparencia y la protección del cliente, busca que estas modificaciones sean equilibradas y prácticas para todos los participantes en el mercado. La revisión de estas propuestas es crucial para asegurar que se logren los objetivos sin imponer cargas innecesarias o crear efectos no deseados en el sector.

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