Solicitar las ayudas que el Gobierno y la banca han negociado para frenar el impacto del euribor, supondrá un cambio en las hipotecas, por lo que los hipotecados tendrán que llevar a cabo cambios incluso en los seguros de protección de pago.
Los ciudadanos que se acojan a las medidas que el Gobierno y la banca han puesto encima de la mesa para ayudar a los hipotecados ante la subida del Euribor, tendrán que prorrogar el seguro de protección de pago o el de amortización porque las condiciones del préstamo cambian. Al extenderse en el tiempo, también lo hacen las primas.
Economía, a través de la Dirección General de Seguros, impidió que se cambiaran las condiciones de los seguros en 2020 cuando se negociaron las moratorias hipotecarias en el contexto del Covid-19. Sin embargo, ahora si lo permite, solo insta a la banca a avisar de estos cambios de condiciones antes de que ciudadano se acoja a la medida.
Así lo recoge el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, donde además obliga a los bancos que se adhieran al plan de ayudas a entregar al deudor “información simplificada sobre las medidas alternativas a las que puede optar para novar las condiciones del préstamo en los términos que se fijen en el Acuerdo del Consejo de Ministros”.
Entre la información que deben facilitar los bancos se debe incluir según la ley, las consecuencias jurídicas y económicas de las distintas alternativas que existen y las condiciones de la prórroga del seguro de protección de pagos y del de amortización del préstamo que inicialmente se hubiera contratado, añade.
Una vez que el hipotecado haya estudiado las alternativas y optado por una de ellas, la entidad le entregará una propuesta de acuerdo de novación del préstamo. Es decir, procederá a renegociar las condiciones del préstamo de acuerdo a las ayudas que se han aprobado.
El Gobierno quiere evitar así los errores que en el pasado cometieron los bancos y otras entidades de crédito, donde no se informaba con claridad a los clientes de lo que contrataban. Lo que ha traído una oleada de denuncias por falta de transparencia, sobre todo con algunos productos complejos como las tarjetas revolving.
Pese a que la nueva ley del Gobierno quiere ayudar a las familias de clase baja y media a afrontar el pago de sus cuotas hipotecarias tras la rápida y fuerte subida de los tipos de interés este año, acogerse a ley tiene efectos, entre ellos, ampliar el seguro de protección de crédito o el de amortización y por tanto, pagar más.
Estos seguros tienen un coste que normalmente va camuflado en la propia cuota de la hipoteca, cada entidad lo aplica de una manera por eso son ellas de manera individual las que deben comunicar los cambios a sus clientes.
El seguro de protección de pagos permite al hipotecado librarse de pagar su cuota mensual o de una parte de ella cuando el trabajador se encuentre en situación de desempleo o de incapacidad temporal y no tiene los ingresos suficientes para responder. Mientras que el seguro de amortización cubre al deudor del pago si fallece.
El Gobierno obliga a los bancos a dar a conocer las ayudas
El Gobierno obliga a las entidades a hacer publicidad del Código de Buenas Prácticas y dar la máxima difusión de su contenido, informando adecuadamente a todos los clientes titulares de préstamos hipotecarios sobre la posibilidad de acogerse a él, mediante una comunicación individualizada y específica, según recoge la nueva norma.
También pide que faciliten información sobre las medidas “en un lugar destacado de su sitio web y a través de su red comercial de oficinas”. Al supervisor, el Banco de España, también. «Elaborará y mantendrá actualizada una guía de herramientas para el deudor hipotecario en dificultades de pago en términos adaptados y comprensibles».
En la guía se incluirá el contenido de las medidas aprobadas e incluidas en los dos Códigos de Buenas Prácticas dirigidos a los hipotecados con ejemplos específicos de deudores en diferentes situaciones y las alternativas a considerar. La guía estará disponible antes de que acabe el primer trimestre de 2023 en la web del Banco de España, en el ministerio de Economía y en la de los prestamistas inmobiliarios.
Asimismo, la ley indica que el Banco de España desarrollará y pondrá a disposición del público simuladores para informar a los ciudadanos sobre las posibilidades de acceder a estas nuevas medidas y el impacto.
Fuente: www.economiadigital.es
